¿Quienes somos?

Somos un Sindicato integrado por trabajadores del sector de la Seguridad Privada de Euskadi. Decidimos crear el "Colectivo Independiente de Seguridad Privada de Euskadi - CISPE", por no sentirnos representados por las actuales centrales sindicales.

No dependemos de ningún sindicato mayoritario ni partido político, somos libres e independientes.

Nuestro objetivo, el pleno ejercicio a la libertad sindical incluyendo la defensa de los intereses económicos, sociales, profesionales y laborales de nuestros afiliados así como el asesoramiento y la prestación de los servicios necesarios para la consecución de tales fines.

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Mostrando artículos por etiqueta: Escoltas Privados

Una Pistola y Veinticinco Balas (19/12/2014)

Tras cincuenta y dos años de violencia, ETA, la última banda terrorista de Europa, anuncia el cese de su actividad armada. Atrás quedan más de ochocientos muertos y miles de desplazados. Una tierra sin libertad, una sociedad secuestrada y tres mil hombres y mujeres interpuestos entre las víctimas y sus verdugos. Los escoltas privados, un colectivo que no permitió que les fuera arrebatada ni una sola de las vidas que les confiaron, sobreviven hoy a duras penas entre el desprecio y el olvido de aquellos a los que libraron de las garras de la muerte.

Una Pistola y Veinticinco Balas es el relato alternativo a la versión oficial, la voz de los que arriesgaron su vida, de los que inclinaron la balanza. La narración de sus vivencias, sus renuncias y sus miedos, de lo que hicieron para que todos ganáramos la paz. Es la epopeya de los últimos héroes caídos, el relato de la vergüenza, el homenaje que nunca tendrán.

Solo el 10% de los vigilantes que controlan las cárceles ejercieron antes como escoltas

Era uno de los principales argumentos del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para justificar el plan de privatización de la seguridad de las prisiones. Los escoltas que habían prestado servicio de protección en el País Vasco cuando ETA estaba activa debían ser compensados con una salida digna. Una vez que la banda terrorista no mataba, su labor carecía de importancia y tenían que ser recolocados.

Los guardaespaldas que pertenecían a las fuerzas de seguridad (guardias civiles y policías) lo tenían fácil, pues podían pasar a otras unidades de sus respectivos cuerpos. De hecho, venía bien que fueran reubicados para reforzar plantillas que estaban experimentando una reducción de efectivos a causa de la disminución de la oferta de empleo público desde 2010 provocada por la crisis económica.

El problema eran, por lo tanto, los escoltas que no pertenecían a ningún cuerpo de seguridad público. El Gobierno anunció entonces el plan de apoyo a guardias civiles y policías en el control de las prisiones con el fin de recolocar en esos puestos a los guardaespaldas que se habían quedado en el paro tras el fin de ETA.

Las sombras olvidadas de Euskadi

El 20 de octubre de 2011, el día que ETA anunció que olvidaba las armas y frenaba en 829 víctimas mortales, 60 secuestros y miles de heridos su macabro registro, una profesión entera empezó a agonizar. Quienes cubrieron durante décadas las espaldas de cargos públicos, empresarios y personalidades amenazadas en Euskadi y el resto de España fueron los daños colaterales de una de las grandes noticias de la democracia. De los 3.800 guardaespaldas de empresas privadas que operaron en el País Vasco y Navarra durante los años de plomo, quedan 30, según la Asociación Española de Escoltas. Y su labor tiene los días contados.

Manuel Jiménez, cordobés de 41 años, vivió ocho años con dos pistolas encima, el tiempo que pasó protegiendo a jueces, empresarios y políticos. En 2011, lo echaron en un ERE con una indemnización de 15 días por año trabajado, no 20, como le prometieron. Se fue a su Córdoba natal y lleva sin trabajo desde entonces.

Hace cuatro meses, Jiménez vio en televisión que algunos escoltas del País Vasco habían sido recolocados como vigilantes en prisiones. Se trataba de un plan piloto puesto en marcha por el Ministerio del Interior en 21 cárceles que precisó de la contratación de 234 empleados. Pese a que el concurso fue restringido y solo se invitó a empresas que tuvieron escoltas en nómina, la mayoría de los contratados procede de otros colectivos, personal más barato.

Eliminado el periodo de inactividad del personal de Seguridad Privada

La Unidad Central de Seguridad Privada se pronuncia sobre la caducidad o no de las habilitaciones de Seguridad Privada por periodo de inactividad como rezaba la ya derogada ley 23/1992 y su reglamento.

A continuación el informe publicado por la UCSP:
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El Gobierno justifica el indulto a un empresario afín al PP por "la ausencia de peligrosidad criminal"

"No tenía ningún antecedente penal". "Su informe policíal carecía de antecedentes". "Advertida la ausencia de peligrosidad criminal del condenado". Tres argumentos genéricos para un indulto polémico. Así ha justificado el Gobierno en una respuesta parlamentaria por escrito la reciente concesión al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas Miguel Ángel Ramírez Alonso de la medida de gracia que ha permitdo a éste eludir el ingreso en prisión por un delito urbanístico. Ramírez Alonso, que figura en la contabilidad oficial del PP como donante de 50.000 euros al partido en 2011 a través de la empresa Gestiones y Asesoramientos 3000 SL, había sido condenado a tres años y un día de cárcel en 2010 por levantar en un paraje natural protegido de la isla de Gran Canaria un estanque, dos aparcamientos, un camino y varios muros “con total desprecio a la ordenación legal del terreno”, según destaca el fallo. Tras la decisión del departamento de Alberto Ruiz-Gallardón, el industrial vio como su pena se reducía a dos años y eludía así el encarcelamiento. Recientemente la Fiscalía se ha querellado contra él, en esta ocasión por delito fiscal.

La respuesta de Justicia es fruto de la pregunta planteada por el diputado de IU José Luis Centella, quien interpeló al Ejecutivo para conocer las circunstancias de dicho indulto dada la conocida afinidad del empresario y presidente del equipo de fútbol con el partido del Gobierno. En su respuesta, el Ejecutivo recalca que en el caso de Miguel Ángel Ramírez había tenido "en cuenta el historial penal del condenado, el cual no tenía ningún antecedente penal, ni anterior ni posterior, a la causa cuya pena se indulta". Asímismo, recalca que "en su informe policial carecía de antecedentes", además de recordar "la ausencia de peligrosidad criminal de condenado". Tres motivos que considera suficientes para otorgarle la medida de gracia que, recalca es "condicionada". ¿A qué? El equipo de Ruiz-Gallardón insiste en que para beneficarse de ella el empresario debera proceder "a la demolición de las obras ejecutadas ilegalmente". Una premisa, por otra parte, que ya estaba incluida en el propio fallo del tribunal que le condenó.

Escoltas, entre el paro y la depresión

Ramón está a un mes de agotar la prestación por desempleo, sufre ansiedad y recurre a pastillas para poder conciliar el sueño. Iñaki tampoco tiene trabajo, está en trámites de separación de su esposa y se ve obligado a alojarse en casa de un amigo para mantener a sus dos hijos. Marcos tiene reconocida incapacidad profesional, tiene su vivienda embargada y recibirá cualquier día la notificación con la fecha del desahucio. Todos ellos comparten un nexo de unión. Ramón, Iñaki y Marcos, nombres ficticios, trabajaban hasta hace poco tiempo como escoltas privados y protegían la vida y la integridad de dirigentes y cargos políticos amenazados por ETA. El ex diputado general de Álava, Ramón Rabanera, el actual alcalde de Vitoria, Javier Maroto, su antecesor en el cargo Patxi Lazcoz, o los parlamentarios Carmelo Barrio y Laura Garrido son algunos de ellos.

La situación personal, laboral y de salud de estos escoltas no puede ni debe generalizarse a todo el colectivo, pero constituye una fotografía real de las dificultades de todo tipo que están atravesando un número importante de los profesionales que permitieron a los partidos vascos, y especialmente a los no nacionalistas, ejercer la política durante los últimos veinte años en unas condiciones mínimas de seguridad y libertad.

Algunos de estos escoltas, incluso, no pudieron hacer frente a estas dificultades y decidieron quitarse la vida como vía para huir de sus problemas.

Los escoltas privados que protegieron durante las dos últimas décadas a los ciudadanos vascos amenazados por el terrorismo de ETA atraviesan una situación personal y laboral muy difícil. La mayoría se encuentra en paro sin alternativas efectivas para reincorporarse al mercado de trabajo y muchos padecen problemas psicológicos y dependen de ansiolíticos para poder dormir.

El Gobierno de España planteó la posibilidad recolocarles como personal de seguridad en la red de centros penitenciarios --el Ministerio de Interior puso en marcha hace siete meses un proyecto piloto y contrató a 95 escoltas-- o los pesqueros españoles que faenan en aguas peligrosas por la presencia de piratas. Ninguna de estas vías ha logrado por ahora absorber a los miles de escoltas en desempleo.

Interior subraya que, en 13 años, sólo ha impuesto 86 sanciones a vigilantes de seguridad por abuso de autoridad

El Ministerio del Interior considera que el sector de la seguridad privada funciona adecuadamente pues, en los últimos trece años, sólo ha tenido que imponer 86 sanciones a vigilantes por abuso de autoridad.

Así se pronuncia el Gobierno ante una serie de preguntas planteadas por el portavoz de Interior de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Ricardo Sixto, registradas en el Congreso a raíz de la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad Privada que otorga nuevas atribuciones a los vigilantes jurados.

"Cabe señalar que la actividad de los servicios de seguridad privada, que engloba miles de actuaciones diarias, se desarrolla con normalidad", resume el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press. Concretamente, subraya que "entre los años 2001 y 2013, solamente se han impuesto 86 sanciones por ejercicio abusivo de funciones o falta de respeto a los ciudadanos durante actuaciones de vigilantes de seguridad".

Ley de Seguridad Privada, publicada en el BOE

 Publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. Entrará en vigor en dos meses desde su publicación.

A continuación el boletín:

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BOE - Tabla Salarial 2014

 Publicación en el BOE de la TABLA SALARIAL 2014  y la modificación de los artículos 41 Y 42 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad.

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Los puntos calientes de la Ley de Seguridad Privada que dará más poder a los vigilantes

La nueva de Ley de Seguridad Privada promovida por el Ministerio del Interior introducirá numerosos cambios en la prestación de servicios de vigilancia privada. El Gobierno ha conseguido que la norma apenas levante revuelo en su tramitación parlamentaria, a pesar del alcance de las reformas que introduce con respecto al texto que estaba en vigor desde 1992. En la mayoría de los supuestos, las competencias de la seguridad privada se han multiplicado. Los vigilantes no sólo podrán realizar labores que hasta ahora únicamente tenían encomendadas los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad, sino que también podrán actuar en más espacios y, por tanto, aumentar sus oportunidades de negocio.

La tramitación de la norma concluirá este jueves. El pleno del Congreso validará con los votos del Partido Popular y previsiblemente también de Convergència i Unió y el Partido Nacionalista Vasco las enmiendas introducidas a última hora en el Senado y el texto será publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La nueva Ley de Seguridad Privada entrará en vigor casi automáticamente. Estos son cinco de sus puntos más controvertidos.

1. Vigilantes en las calles 

Hasta ahora, los vigilantes privados sólo podían ejercer en centros comerciales, polígonos industriales y urbanizaciones privadas, además de en el interior de edificios. La nueva ley acaba con esas limitaciones y permitirá que las empresas de seguridad puedan encargarse de la vigilancia de cualquier espacio público, aunque sea al aire libre, como una calle peatonal o una plaza, y también del mantenimiento del orden en espectáculos celebrados en el exterior. Hasta la fecha ya era frecuente observar a agentes privados controlando los accesos a conciertos o exhibiciones, pero tenían vetado por completo patrullar por el centro de las ciudades. Esa imagen será posible de ahora en adelante.

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