¿Quienes somos?

Somos un Sindicato integrado por trabajadores del sector de la Seguridad Privada de Euskadi. Decidimos crear el "Colectivo Independiente de Seguridad Privada de Euskadi - CISPE", por no sentirnos representados por las actuales centrales sindicales.

No dependemos de ningún sindicato mayoritario ni partido político, somos libres e independientes.

Nuestro objetivo, el pleno ejercicio a la libertad sindical incluyendo la defensa de los intereses económicos, sociales, profesionales y laborales de nuestros afiliados así como el asesoramiento y la prestación de los servicios necesarios para la consecución de tales fines.

Afíliate

Forma parte de nuestro colectivo, afíliate y revindica tus derechos. Támbien puedes registrarte como usuario de nuestra web y hacer uso de la misma con todas sus ventajas. Si al final decides afiliarte a nuestra organización no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Descargar ficha de afiliación

Participa en la web

Mantente comunicado con tus compañeros, podrás dejar tus opiniones aunque no seas afiliado. Tan sólo necesitas registrarte como usuario de nuestra web y acceder a nuestro foro, te recomendamos que hagas uso de el para todos aquellos temas relacionados con el sector.

Crear cuenta de usuario Ya tengo cuenta

Mostrando artículos por etiqueta: Estafas

Nueve imputados en la trama de los diplomas falsos libran con 5 meses

La pena impuesta a nueve de los 24 acusados de figurar en un entramado que se dedicaba a falsificar certificados para vigilantes de seguridad y guardaespaldas, así como también nóminas para la obtención de créditos resolvieron penalmente con menos de cinco meses de prisión y el pago de multas que, en algunos casos, no llegan a los 600 euros. El fiscal del caso les rebajó en la primera sesión del juicio, celebrada en la Audiencia, la petición inicial al aplicarles dilaciones indebidas en el procedimiento. El asunto fue abierto en el año 2005 por un juzgado que ahora ya no existe.

De los 24 acusados, catorce «amañaron» la pena con el fiscal; dos están desaparecidos y otro fue ingresado en urgencias. Al tribunal de la Audiencia Provincial, que comenzó a juzgarles ayer, le quedan 8 para dictar sentencia, entre ellos un policía nacional de la comisaría de Lugo que, según el fiscal, aceptaría un ordenador a cambio de facilitar su nómina para luego ser falsificada.

Etiquetado como

La gran estafa española

“Investiguen, por favor. Hay mucha basura”. El mensaje, al final de una larga carta manuscrita, llegó a la redacción de EL PAÍS el pasado 13 de marzo, dos días después de que la policía detuviera en Córdoba y Madrid a una docena de personas vinculadas a la trama de los cursos de formación falsos, el llamado caso Aneri.

El fraude, que implica a cargos de la patronal madrileña CEIM, había hecho desaparecer unos 17 millones de euros de subvenciones estatales y regionales con el sistema de asignar alumnos falsos a cursos online no impartidos.

“Investiguen, por favor. Hay mucha basura”. El mensaje, al final de una larga carta manuscrita, llegó a la redacción de EL PAÍS en marzo

Pero la frase (investiguen, por favor, hay mucha basura), al final de la citada carta, no se refería exclusivamente al caso del empresario cordobés. Su autor utilizaba el escándalo que estaba asaltando los titulares de los periódicos para remontarse a los orígenes de un sistema corrupto que dilapida año tras año millones de euros de fondos de la Seguridad Social y europeos. El hombre se identificaba con nombre y apellidos y relataba cómo las subvenciones de los cursos de formación servían para financiar a la patronal madrileña. El último párrafo daba detalles sobre cómo conocía todas esas irregularidades. La Cámara de Comercio le contrató en el año 1991 para crear el departamento de Formación. Fue su primer director y se propuso cortar los abusos en la utilización de las subvenciones públicas. Pero recibió presiones: “Me machacaron a muerte. Recibí amenazas por todas partes. Cuando me negué a firmar pagos de salarios extraños, me echaron sin compasión alguna. Entré en tratamiento psiquiátrico. Hoy vivo lejos de Madrid, sin recuperarme de las secuelas”.

La historia del exdirectivo ha sido confirmada por fuentes no oficiales de la Cámara de Comercio. El testimonio no aporta pruebas documentales pero confirma una sospecha que desde hace décadas está instalada en los círculos que gestionan la formación: que ese fondo común ha servido para financiar a las patronales y a algún sindicato, y que la Administración no ha establecido mecanismos eficaces para evitarlo.

El Gobierno justifica el indulto a un empresario afín al PP por "la ausencia de peligrosidad criminal"

"No tenía ningún antecedente penal". "Su informe policíal carecía de antecedentes". "Advertida la ausencia de peligrosidad criminal del condenado". Tres argumentos genéricos para un indulto polémico. Así ha justificado el Gobierno en una respuesta parlamentaria por escrito la reciente concesión al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas Miguel Ángel Ramírez Alonso de la medida de gracia que ha permitdo a éste eludir el ingreso en prisión por un delito urbanístico. Ramírez Alonso, que figura en la contabilidad oficial del PP como donante de 50.000 euros al partido en 2011 a través de la empresa Gestiones y Asesoramientos 3000 SL, había sido condenado a tres años y un día de cárcel en 2010 por levantar en un paraje natural protegido de la isla de Gran Canaria un estanque, dos aparcamientos, un camino y varios muros “con total desprecio a la ordenación legal del terreno”, según destaca el fallo. Tras la decisión del departamento de Alberto Ruiz-Gallardón, el industrial vio como su pena se reducía a dos años y eludía así el encarcelamiento. Recientemente la Fiscalía se ha querellado contra él, en esta ocasión por delito fiscal.

La respuesta de Justicia es fruto de la pregunta planteada por el diputado de IU José Luis Centella, quien interpeló al Ejecutivo para conocer las circunstancias de dicho indulto dada la conocida afinidad del empresario y presidente del equipo de fútbol con el partido del Gobierno. En su respuesta, el Ejecutivo recalca que en el caso de Miguel Ángel Ramírez había tenido "en cuenta el historial penal del condenado, el cual no tenía ningún antecedente penal, ni anterior ni posterior, a la causa cuya pena se indulta". Asímismo, recalca que "en su informe policial carecía de antecedentes", además de recordar "la ausencia de peligrosidad criminal de condenado". Tres motivos que considera suficientes para otorgarle la medida de gracia que, recalca es "condicionada". ¿A qué? El equipo de Ruiz-Gallardón insiste en que para beneficarse de ella el empresario debera proceder "a la demolición de las obras ejecutadas ilegalmente". Una premisa, por otra parte, que ya estaba incluida en el propio fallo del tribunal que le condenó.

Imputado el presidente y directivos de Segur Ibérica por estafa a ADIF

El presidente y directivos de la tercera empresa de seguridad de España, Segur Ibérica, comparecerán entre los días 6 y 8 de mayo ante la titular del juzgado de instrucción 19 de Barcelona en calidad de imputados por sendos delitos de estafa y falsedad documental, para prestar declaración, tras ser admitida a trámite la querella que presentó el pasado mes de diciembre la Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha Contra la Corrupción” “ASPACOM”. En días posteriores prestarán declaración los testigos aportados, tres de ellos ex empleados de la propia compañía de seguridad.

Según la querella presentada por Aspacom Segur Ibérica obtuvo un contrato con la empresa pública ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de España, dependiente del Ministerio de Foment, dedicada a la gestión de las infraestructuras ferroviarias del Estado.

En el contrato concurso entre ambas empresas –para los años 2009 y 2010- Segur Ibérica adquiría el compromiso contractual de dotar de vigilantes de seguridad –tanto vigilancia armada como no armada- en número suficiente, de acuerdo con los pliegos firmados. Obviamente y tal como establece la ley de seguridad privada en España, todos estos vigilantes debían estar obligatoriamente en posesión de la correspondiente habilitación expedida por el Ministerio del Interior para la realización de sus funciones, denominada TIP, Tarjeta de Identidad Profesional.

Según la querella, este requisito no se cumplió, “con el fin de obtener un lucro ilícito”, bien facturando servicios no realizados, contratando vigilantes no habilitados por el Ministerio del Interior o bien –según la querella- anotando en los cuadrantes nombres falsos con la intención de hacer creer al cliente, en este caso ADIF, que los servicios contratados se habían cumplido. Estas supuestas prácticas delictivas habrían generado un lucro ilícito superior a los 450.000 euros procedentes de las arcas públicas.

La fiscalía se querella contra Miguel Ángel Ramírez por defraudar 2 millones

El empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, ha sido imputado por un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria como presunto autor de un delito contra la Hacienda Pública por haber camuflado como dietas el pago de horas extraordinarias a sus trabajadores de Seguridad Integral Canaria durante los años 2008 y 2009. La imputación responde a una querella interpuesta por la Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que estima que el fraude supera los 2,3 millones de euros.

La querella ha sido admitida a trámite por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, María Victoria Rosell, a cuyo órgano correspondió la misma por orden de reparto en el decanato de los juzgados, según adelantó la noche de este viernes en la red social Twitter el periodista Pedro Guerra. Tras la admisión a trámite, la juez ha incoado diligencias previas y citará a declarar al empresario en calidad de imputado en los próximos días.

Miguel Ángel Ramírez se mostró tranquilo al ser interrogado este viernes por Canarias Ahora. "Vamos a demostrar que no ha habido delito; se trata de una contradicción en la interpretación de la norma que rebatiremos cuando me llamen a declarar", dijo. El empresario conocía la intención de la Agencia Tributaria de formular querella a través de la Fiscalía después de que sus asesores fiscales, el despacho de Deloitte, no alcanzara acuerdo alguno con la Hacienda Pública, pero desconocía que la querella hubiera sido admitida a trámite.

CC.OO. cargó 53 kilos de caramelos a una subvención en Madrid

El sindicato CC.OO. justificó subvenciones públicas del Ayuntamiento de Alcorcón con llamativas facturas, siguiendo la estela de UGT. Los 16 liberados municipales de la central que encabeza Ignacio Fernández Toxo cobraron entre 2007 y 2011 algo más de 11.000 euros anuales de subvención para sus actividades, que fueron aprobadas por el entonces alcalde Enrique Cascallana, actual senador del PSOE.

Entre estas facturas hay una con fecha 2 de junio de 2010 que corresponde a la compra de 53 kilogramos de «caramelos publicitarios». Junto a la factura, CC.OO. entregó un documento en el que explicaba los gastos. Ángel Patricio Ruiz, Responsable de Finanzas de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de Madrid, alegó que los caramelos, que costaron 340,26 euros, eran necesarios «para poder endulzar un poco los malos momentos por los que estamos pasando». Se refería al anuncio del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de retrasar la edad de jubilación.

El mismo año cargaron al Ayuntamiento madrileño 5.000 carteles y otros 5.000 dípticos para la manifestación del 23 de febrero contra la reforma de las pensiones. El importe ascendió a 1.348,30 euros.

También es llamativa otra factura correspondiente a dos pancartas (94,40 euros) con el lema «No al ERE en Fuente el Saz», pese a que las subvenciones, según el convenio, se conceden para la actividad sindical en el municipio que las paga, Alcorcón.

Etiquetado como

Tengo un título de un curso de 300 horas de UGT al que no asistí

Se llama José Miguel Montoro, trabajó en la UGT hasta que le despidieron, hace ocho años y no tiene ningún problema en autoinculparse con tal de sacar a la luz las irregularidades del sindicato. «Tengo un título de un curso de técnico en prevención de riesgos laborales, de 300 horas presenciales, al que no asistí». revela el ex sindicalista, quien también acusa a la organización de pagar en B.

«Yo me autoinculpo y digo cómo se hacían las cosas». José Miguel Montoro Ruiz Míchel, 55 años, habla sin tapujos con EL MUNDO de las presuntas irregularidades que se cometen en el seno de la UGT. El sindicato le despidió hace ocho años y Míchel acudió a un tribunal para denunciarlo, pero sin éxito. Incluso, remitió un escrito a la Agencia Tributaria para dar detalles de una presunta contratación fraudulenta por parte de UGT, pero nunca tuvo respuesta de este organismo.

Llamadas anónimas

Míchel empezó a recibir llamadas de teléfono anónimas y tuvo que abandonar su hogar en Novelda (Alicante) -tiene mujer y tres hijos- para emigrar a otro pueblo, del que prefiere no revelar su nombre y donde lleva dos años viviendo. «Desde entonces, nuestra vida no ha ido nada bien. Estoy en una lista negra y no puedo trabajar en ninguna empresa de la construcción, porque en el momento que aparece mi nombre salta una alarma y me dicen que no puedo seguir».

Las Víctimas del caso Esabe

Juan Antonio Pérez Cano afrontó el pasado miércoles 19 de junio el juicio por los impagos de la empresa de seguridad Esabe. Fue uno de los denunciantes que destapó el caso de esta empresa, cuyos responsables llevaban una vida de lujo, viajaban en yates y en deportivos, pero lo hacían sin pagar las nóminas de sus empleados. Pérez Cano perdió su vivienda y tuvo que entregarla al banco, que aceptó la dación en pago y ahora le permite vivir en su casa cobrándole un alquiler social. El martes le reclamará a la empresa los casi 9.000 euros que se les adeudan.

A raíz de su denuncia, junto con la de un grupo de trabajadores de toda España, la Policía Nacional detuvo a diez miembros de la cúpula de Esabe y destapó la vida de lujo que llevaban. Sin embargo, el propietario y máximo responsable de la empresa, Juan José Prados del Pino, permanece en paradero desconocido.

La entidad adeuda más de 50 millones de euros a sus trabajadores entre salarios y horas extraordinarias. Los empleados ganan todos los juicios pero tardan en cobrar o lo hacen con muchas dificultades porque no hay ningún responsable que dé la cara. Nadie se presenta a los juicios y como mucho se les embarga algo. En un desguace de un municipio próximo a Sevilla, por ejemplo, hay furgones de Esabe que están embargados.

Mientras tanto, la situación de algunos de los empleados es desesperada. A Pérez Cano otra empresa de seguridad para la que trabajó le adeuda otros 30.000 euros. Lo tiene reconocido en una sentencia que ganó, pero no ha percibido un céntimo y ahora espera que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) le abone esta deuda o parte de la misma. Algunos de sus compañeros se han suicidado. Otros, como él, han perdido su piso. "Hay quien no tiene para comer porque no llega a ingresar ni 500 euros al mes. Yo al menos estoy trabajando ahora y, con lo que gano, que no es mucho, pago el alquiler y lo suficiente para comer. Este verano no veremos la playa ni en pintura, mientras los causantes de mi desgracia están todos en libertad y se han pegado la gran vidorra a costa de nosotros", lamenta este vigilante.

Admitida a trámite una denuncia por la presencia de cámaras de laSexta durante una operación policial sometida a secreto de sumario.

El pasado 20 de diciembre, se conocía la detención de la cúpula de la compañía de seguridad ESABE. La información, con detalles de la operación, fue publicada en laSexta y en la Cadena SER. Ahora, un juez ha admitido a trámite una denuncia por un supuesto delito de "revelación de secretos" y ha abierto diligencias.

La denuncia fue presentada por la defensa de uno de los afectados por la operación. En el escrito que eleva a la jueza explica que “tanto las diligencias policiales como judiciales tenían el carácter de secretas”. No obstante, las actuaciones que llevaron a cabo los agentes de la Unidad Central de Seguridad Privada, pertenecientes a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana fueron difundidas a los medios de comunicación, denuncia.

El afectado denuncia que se filtraron a la prensa los siguientes datos: número de detenidos, su motivo, existencia de registros, nombre y apellidos y funciones dentro de la empresa. En su denuncia, además, se especifica que laSexta difundió la operación con imágenes de la operación, justo antes de iniciar los registros e, incluso, destacaron en la cadena del grupo Atresmedia que “habían obtenido en exclusiva dicha información”.

En el texto de la denuncia se recoge también que “otros medios, como la Cadena SER, ofrecían información acerca del número de registros practicados, así como del lugar donde fueron llevados a cabo”. Concretamente, la emisora de Prisa publicó que “según fuentes cercanas a esta investigación, va a haber más [detenciones] en las próximas horas. La operación, por tanto está abierta”.

Pues bien, la titular del juzgado de Instrucción número 37 de Madrid ha abierto diligencias para determinar si la Policía cometío ese delito de revelación de secretos.

Etiquetado como

El fraude de los ERE vuelve a mirar hacia los sindicatos andaluces

La juez Mercedes Alaya que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía ha confirmado la imputación en esta causa del secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez García, por su "intervención" en la inclusión de un 'intruso' en la póliza de prejubilaciones de la empresa Calderinox.

En un auto dictado el pasado mes de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla rechaza el recurso interpuesto por el alto cargo de CCOO-A contra el auto dictado el 27 de enero de 2012, en el que lo imputaba después de reconocer ante la Guardia Civil "su intervención" en la introducción de Antonio Fernández Garzón en Calderinox.

La juez pone de manifiesto que, con su inclusión en la póliza de Calderinox, este 'intruso' "percibiría una renta de 199.299,96 euros, cuando la única indemnización a la que tenía derecho por la extinción de su relación laboral de la empresa Litalsur, a la cual pertenecía realmente, era de 27.976,44 euros". Así, y según la documentación remitida por Litalsur, este 'intruso' "recibió de dicha empresa en el año 2008 la cantidad neta de 27.025,23 euros, equivalentes a 27.976,44 euros brutos, en concepto de indemnización por cese de su relación laboral".

«No puede negar dos hechos»

La juez Alaya asevera que el alto cargo de CCOO-A "no puede negar dos hechos", como son que "ni desconoció la falta de rigor administrativo y transparencia con la que se operaba presuntamente en la Consejería de Empleo y pudiera ser que justificara con ello la actuación que se le cuestiona", ni tampoco que "era extraordinariamente irregular que reclamara con insistencia, verbalmente y por escrito, al unísono con el delegado provincial de Empleo", la inclusión del 'intruso' "en una póliza que era ajena" al entonces director general de Trabajo, Juan Márquez.

Etiquetado como
Página 1 de 2

Secciones Sindicales

Acceso web a Sección Sindical en ProsegurAcceso a la Sección Sindical en SecuritasAcceso a la Sección Sindical en GardaAcceso a la Sección Sindical en AlseAcceso a la Sección Sindical en Delta

Nuestra App | NAA | Red Azul | Código Seguridad Privada

Disponible en Google Play Ver nivel de alerta Acceso Red Azul Código de Seguridad Privada

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerte un mejor servicio.

Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Saber más

Acepto

 

Política de Cookies

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de usuario y ofrecer contenidos adaptados a sus intereses, mediante la personalización de espacios publicitarios. Con el registro en la web y/o la mera navegación (con el navegador habilitado para aceptar cookies) el usuario acepta la instalación de cookies, salvo que se oponga a ello, tal y como se informa a continuación.

Nuestra Política de Cookies está sujeta a actualizaciones periódicas. Su propósito es ayudarle a comprender el uso que hacemos de las cookies, la finalidad de las cookies utilizadas, así como las opciones que tiene el usuario para gestionarlas.

Los usuarios pueden acceder a esta información en todo momento a través del link habilitado en la web. Asimismo, podrán modificar sus preferencias sobre la aceptación de cookies a través de las opciones de su navegador.

La Política de Cookies del CISPE comprende tanto el dominio "cispe.es", como otra serie de dominios y/o subdominios de igual titularidad , (operativos actualmente o que puedan habilitarse en un futuro) para ofrecer servicios similares o complementarios.

¿Qué es una Cookie?

Una “Cookie” es un pequeño archivo de texto que un sitio web almacena en el navegador del usuario. Las cookies facilitan el uso y la navegación por una página web y son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos.

Las cookies se utilizan, por ejemplo, para gestionar la sesión del usuario (reduciendo el número de veces que tiene que incluir su contraseña), mejorar los servicios ofrecidos, o para adecuar los contenidos de una página web a sus preferencias.

Las cookies pueden ser de “sesión”, por lo que se borrarán una vez el usuario abandone la página web que las generó o “persistentes”, que permanecen en su ordenador hasta una fecha determinada.

Asimismo las Cookies pueden ser “propias”, gestionadas por el dominio al que el usuario accede y del que solicita un determinado servicio (en este caso los dominios titularidad del CISPE) o “cookies de terceros”, enviadas al equipo de usuario desde un dominio diferente al que se accede.

Cookies utilizadas

  • Cookies Analíticas

    Esta web puede utilizar cookies analíticas para recabar estadísticas sobre la actividad del usuario al visitar la página y la actividad general de la misma. La información recopilada es anónima y permite optimizar la navegación por nuestra página web y garantizar el mejor servicio al usuario. Podremos utilizar cookies propias y de terceros para el análisis de nuestra página. El usuario puede excluir su actividad mediante los sistemas de exclusión facilitados por las herramientas analíticas.

  • Cookies de uso interno

    Esta web utiliza cookies de uso interno para el funcionamiento de la web. En concreto esta web utiliza cookies para: permitir la autenticación del usuario; el mantenimiento de la sesión cuando navega por la página; la contratación de un producto o servicio; establecer las preferencias del idioma seleccionadas por el usuario o gestionar el acceso del usuario al centro de soporte. La desactivación de estas cookies, mediante el bloqueo de cookies en las opciones del navegador, puede impedir el funcionamiento correcto de algunas de las funcionalidades de la web.

  • Cookies usadas por redes sociales

    Esta web ha instalado botones de redes sociales que permiten al usuario compartir contenidos de su interés con su círculo social. Las cookies utilizadas por redes sociales evitan que el usuario tenga que introducir nuevamente sus datos para compartir dichos contenidos. Dichos botones no tienen acceso a los datos introducidos por los usuarios al compartir un contenido en una red social.

  • Cookies usadas por complementos externos de contenido

    Esta web ofrece a los usuarios contenidos o servicios proporcionados por terceros proveedores, como por ejemplo, vídeos alojados en Youtube o aplicaciones de Google Maps, etc.,... Las cookies utilizadas por estos proveedores son necesarias para que el usuario pueda acceder a dicho servicio y se rigen por lo dispuesto en sus respectivas políticas de cookies.

Garantias y opciones sobre las Cookies

En todo momento, y al menos, durante la instalación o puesta al día del navegador, el usuario tiene la posibilidad de aceptar o rechazar la instalación de cookies, o bien rechazar la instalación de un determinado tipo de cookies, como las cookies de publicidad y de terceros. Además, después de cada sesión puede eliminar todas o algunas de las cookies almacenadas.

Asimismo el usuario puede activar:

  • La navegación privada, mediante la cual su navegador deja de guardar el historial de navegación, contraseñas de sitios web, cookies y otra información de las páginas que visita, o

  • La función de no rastrear, por la que el navegador pide a los sitios web que visita que no rastreen sus hábitos de navegación, para por ejemplo, servirle publicidad de su interés en los sitios que visita.

Le recomendamos que consulte la ayuda de su navegador para informarse de las diferentes opciones sobre cómo gestionar las cookies. A continuación incluimos los vínculos para gestionar cookies en los navegadores más relevantes:

Tenga en cuenta que el bloqueo de cookies puede afectar a todas o algunas de las funcionalidades de nuestra web.