Mostrando artículos por etiqueta: Gobierno Vasco

Por experiencia, sabemos que las cosas de palacio van despacio, eso sí no esperábamos que fuera tan lento y llegando a olvidarse. Han pasado casi dos años cuando esta organización puso en conocimiento de la Unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza, mediante denuncia presentada en fecha 27 de Mayo de 2016, el incumplimiento de la legislación vigente en la totalidad de los locales de ocio nocturno con aforo superior a 700 personas.

Antecedentes

Hoy día podemos encontrar en la totalidad de los locales de ocio nocturno a servicios de admisión, servicios que a fecha de hoy, no tienen una regulación específica en nuestra comunidad autónoma.

Tal es la dejadez que a estos “servicios de admisión” se les permite portar prendas que confunden al ciudadano, y que además en la mayoría de los casos realizan funciones reservadas a empresas y personal de seguridad privada como pueden ser entre otros la realización de comprobaciones y registros a los visitantes.

Las normas

En cuanto a esto debemos hacer uso tanto de la propia de seguridad privada (Ley 5/2014) como de la Ley de Ordenación del Sistema de Seguridad Publica de Euskadi (Ley 15/2012).

Art. 5 LSP

La propia Ley de Seguridad Privada en su artículo 5 define de manera clara e inequívoca que actividades son propias de la seguridad privada.

Art. 10 LSP

En su artículo 10, se hace referencia a las prohibiciones, de la prestación de servicios y funciones de seguridad privada por parte de personas, físicas o jurídicas carentes de la correspondiente autorización.

Art. 38 LSP

Además de lo anterior, el propio artículo 38 de la misma norma fija que sólo podrán prestar servicios de seguridad privada las empresas de seguridad privada y por personal de seguridad privada.

Art. 65.2 Ley 15/2012

Esta norma indica que vendrán obligados a disponer de servicio de seguridad privada los espectáculos públicos y actividades recreativas que se celebren en locales o recintos con aforo superior a 700 personas.

Sin respuesta jurídica

En junio de ese mismo año, esta organización recibió respuesta de la Unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza. En la que, además de la Ley 15/2012 ya citada, se nombra a la Ley de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Ley 10/2015). Ello para de alguna manera amparar como actividades compatibles fijadas en el artículo 6 de la propia Ley 5/2014 de Seguridad Privada.

Además se reconoce que ambas normas (Ley 15/2012 y la Ley 10/2015), necesitan una concreción mayor y es este departamento el que da traslado a nuestra denuncia a la Dirección de Coordinación de Seguridad para de alguna manera dar una respuesta jurídica.

Qué decir tiene que al amparo de la normativa actual todos los servicios de admisión, porteros y similares de todas las discotecas de Euskadi y sus respectivas empresas están incurriendo en faltas perseguibles y sancionables… pero que visto el tiempo pasado y que nuestra denuncia se ha quedado en algún cajón del castillo de Lakua, nuestros jóvenes se la juegan cada vez que se toman un trago.

El próximo 05 de octubre se celebrará el III Congreso de Seguridad Privada en Euskadi en el Bizkaia Aretoa, un foro que reunirá al sector de la Seguridad en una jornada de trabajo en la que se analizarán los nuevos retos a los que se enfrenta la Seguridad Privada en el País Vasco, y donde los profesionales podrán compartir e intercambiar conocimientos y puntos de vista, así como analizar los asuntos de más actualidad.

El Congreso está organizado por Peldaño y cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco, la Ertzaintza , Ayuntamiento de Bilbao y SAE.

Bajo el lema «Un trabajo de todos», el Congreso cuenta con un amplio programa de ponencias donde se abordaran los siguientes temas:

• Nuevo escenario normativo: El futuro Reglamento de Seguridad Privada y su impacto en el marco legislativo actual de Euskadi. Competencias en materia de Seguridad Privada.

• Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos y los cambios que implicará en las organizaciones empresariales.

• Nuevo Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y el cambio que supone para la adecuación por parte de las empresas y usuarios a la nueva norma.

• Hacia la seguridad integral: Analizaremos la necesidad de avanzar hacia una figura integral del director de seguridad y los retos a los que se enfrenta en un mundo con nuevos retos y amenazas constantes.

Más información en la web oficial.

El próximo 30 de septiembre se celebrará el II Congreso de Seguridad Privada en Euskadi en el Azkuna Zentroa (Alhóndiga Bilbao), un foro que reunirá al sector de la Seguridad en una jornada de trabajo en la que se analizarán los nuevos retos a los que se enfrenta la Seguridad Privada en el País Vasco, y donde los profesionales podrán compartir e intercambiar conocimientos y puntos de vista, así como analizar los asuntos de más actualidad.

El Congreso está organizado por Peldaño y cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco, la Ertzaintza y otras entidades.

Bajo el lema «Un trabajo de todos», el Congreso cuenta con un amplio programa de ponencias donde se abordaran los siguientes temas:

•Espacios de colaboración entre Seguridad Pública y Seguridad Privada en Euskadi, donde se analizarán aspectos como la colaboración entre ambas seguridades en general, la colaboración entre distintas administraciones, así como la colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

• Nuevo escenario normativo: nueva Ley de Seguridad Privada y su impacto en el marco legislativo actual de Euskadi. Competencias en materia de Seguridad Privada.

• Planes de Seguridad y Gestión de Crisis: programas de cooperación para la Seguridad y Gestión de Crisis, protección de Infraestructuras Críticas, seguridad en la industria, y seguridad en Entidades Financieras.

• Nuevos retos y amenazas: terrorismo y seguridad, ciberataques y espionaje industrial, y crimen organizado.

Más información en la web oficial.

EH Bildu ha presentado hoy en el Parlamento una proposición no de ley para poner en vías de solución la dramática situación que viven las y los 225 trabajadores de Bizala y ha solicitado asimismo que dicha iniciativa se debata por el trámite de urgencia en la Diputación Permanente, el órgano que en este momento, en el periodo intersesiones, se encarga de desempeñar las funciones de la Cámara. La parlamentaria Arri Zulaika explica que "la plantilla de Bizala acumula casi tres meses sin cobrar y necesita una solución ya; no pueden esperar a febrero, a que el Parlamento retome su actividad habitual. El tema es urgente y la respuesta de la Cámara también debe serlo; por eso hemos pedido que se reúna la Diputación Permanente cuanto antes".

Euskal Trenbide Sarea (ETS), empresa pública del Gobierno vasco, fue la que contrató a Bizala para que hiciera labores de vigilancia en las estaciones de Euskotren y en obras de diferentes infraestructuras, pero las y los trabajadores de Bizala llevan casi tres meses trabajando sin cobrar porque la compañía entró en noviembre en concurso de acreedores. "A consecuencia de ello –advierte Zulaika– la situación de muchas de esas personas es dramática y ahora el Gobierno no puede eludir su responsabilidad porque en la medida en que ETS es una empresa pública, puede haber opciones de garantizar los sueldos de las y los trabajadores de las firmas que contrata".

Entre los centenares de trabajadores que construyen la ‘Y’ vasca hay algunos que las están pasando canutas. «Un compañero se ha visto obligado a acudir a Cáritas porque no tiene para comer, otro viene al curro en bicicleta para no mover el coche... », enumera un operario de las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) que se ejecutan en Zumarraga. Se refiere al equipo de seguridad del tramo, los encargados de custodiar los accesos, el perímetro y, sobre todo, el polvorín en el que se almacenan los explosivos que permiten abrir camino en la zona al túnel más largo que tendrá el trazado ferroviario. Los vigilantes llevan dos meses sin cobrar porque su empresa, Bizala, roza la quiebra y tiene las cuentas bloqueadas. Así que los profesionales se ven obligados a seguir en su puesto casi sin margen de maniobra. «Sabemos que no hay dinero, pero no podemos quedarnos en casa porque nos despedirían. Tampoco podemos protestar negándonos a abrir el polvorín porque vendría la Guardia Civil y nos obligaría a hacerlo».

Los vigilantes de seguridad que trabajan para una contrata dependiente del departamento antifraude de Euskotren y del tranvía de Bilbao llevan dos meses sin cobrar sus nóminas. Los empleados pertenecen a la compañía Bizala, que el pasado 7 de noviembre entró en concurso de acreedores por las deudas que acuciaban su tesorería. La firma cuenta actualmente con una plantilla de 225 personas, de las que 159 desarrollan su labor en Bizkaia. Además de en los ferrocarriles del Gobierno vasco, la mercantil mantiene encomiendas públicas en Osakidetza, Euskal Trenbide Sarea (ETS) o las obras del TAV.

"Nadie ha abierto la boca, ni siquiera los representantes de los trabajadores, hasta que nosotros abrimos la caja de los truenos. Bajo engaños y promesas, nuestros compañeros siguen trabajando sin cobrar"

Tras cincuenta y dos años de violencia, ETA, la última banda terrorista de Europa, anuncia el cese de su actividad armada. Atrás quedan más de ochocientos muertos y miles de desplazados. Una tierra sin libertad, una sociedad secuestrada y tres mil hombres y mujeres interpuestos entre las víctimas y sus verdugos. Los escoltas privados, un colectivo que no permitió que les fuera arrebatada ni una sola de las vidas que les confiaron, sobreviven hoy a duras penas entre el desprecio y el olvido de aquellos a los que libraron de las garras de la muerte.

Una Pistola y Veinticinco Balas es el relato alternativo a la versión oficial, la voz de los que arriesgaron su vida, de los que inclinaron la balanza. La narración de sus vivencias, sus renuncias y sus miedos, de lo que hicieron para que todos ganáramos la paz. Es la epopeya de los últimos héroes caídos, el relato de la vergüenza, el homenaje que nunca tendrán.

El 20 de octubre de 2011, el día que ETA anunció que olvidaba las armas y frenaba en 829 víctimas mortales, 60 secuestros y miles de heridos su macabro registro, una profesión entera empezó a agonizar. Quienes cubrieron durante décadas las espaldas de cargos públicos, empresarios y personalidades amenazadas en Euskadi y el resto de España fueron los daños colaterales de una de las grandes noticias de la democracia. De los 3.800 guardaespaldas de empresas privadas que operaron en el País Vasco y Navarra durante los años de plomo, quedan 30, según la Asociación Española de Escoltas. Y su labor tiene los días contados.

Manuel Jiménez, cordobés de 41 años, vivió ocho años con dos pistolas encima, el tiempo que pasó protegiendo a jueces, empresarios y políticos. En 2011, lo echaron en un ERE con una indemnización de 15 días por año trabajado, no 20, como le prometieron. Se fue a su Córdoba natal y lleva sin trabajo desde entonces.

Hace cuatro meses, Jiménez vio en televisión que algunos escoltas del País Vasco habían sido recolocados como vigilantes en prisiones. Se trataba de un plan piloto puesto en marcha por el Ministerio del Interior en 21 cárceles que precisó de la contratación de 234 empleados. Pese a que el concurso fue restringido y solo se invitó a empresas que tuvieron escoltas en nómina, la mayoría de los contratados procede de otros colectivos, personal más barato.

El director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo, denunció ayer que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía «interfieren» en el trabajo diario de la Policía vasca hasta el punto de que pueden llegar a perjudicar la persecución del delito. El responsable político de la Policía autonómica relacionó estas «disfunciones» con la «falta de voluntad» mostrada por sus máximos dirigentes a la hora de activar «herramientas de coordinación» entre los distintos cuerpos y, en segundo lugar, con el «excesivo» número de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) desplegados en Euskadi para las funciones que tienen atribuidas en un momento en el que la amenaza de ETA ha desaparecido. Gabirondo aseguró que esta situación genera intromisiones que pueden llevar al «fracaso» las investigaciones y que sólo «favorecen a los delincuentes».

Gabirondo realizó estas declaraciones a los periodistas después de comparecer en la ponencia parlamentaria que analiza las duplicidades e ineficiencias del entramado institucional vasco, celebrada a puerta cerrada. El director de la Ertzaintza profundizó con su intervención en la línea política marcada por el Ejecutivo vasco desde el comienzo de la legislatura. En su primera intervención en la Cámara vasca en febrero del pasado año, la consejera de Seguridad ya avanzó su intención de convertir el «repliegue» de las FSE en una de las prioridades de su mandato. Estefanía Beltrán de Heredia anticipó que trasladaría esta exigencia al Ministerio del Interior «con firmeza» y «cuantas veces haga falta».

El Tribunal Constitucional ha anulado parte del articulado de la Ley vasca de Seguridad Pública al considerar que invade la competencia estatal en esta materia. Uno de los preceptos invalidados hace referencia a la posibilidad de que los municipios pequeños puedan compartir cuerpos policiales para ahorrar presupuesto. En concreto, los jueces han estimado parcialmente el recurso presentado por el Gobierno central contra la normativa y han tumbado dos incisos de sendos artículos, además de establecer cuál debe ser la interpretación de un tercero para que sea conforme a la Constitución.

En una sentencia de la que ha sido ponente Pedro Gómez-Trevijano, el TC ha declarado inconstitucional el apartado que establece que las poblaciones limítrofes que no superen los 20.000 habitantes o no sumen más de 50.000 en conjunto podrán asociarse para la prestación de servicios policiales cuando no dispongan separadamente de recursos suficientes. La resolución explica que esta previsión excede de las competencias autonómicas porque, si bien la comunidad puede autorizar la asociación, sólo al Estado corresponde determinar los requisitos que han de cumplir esos acuerdos de asociación. La sentencia también declara inconstitucional el artículo 50, que atribuye al Gobierno vasco la capacidad de desarrollar los requisitos y condiciones exigibles al ejercicio por personas o empresas de labores de seguridad privada e investigación. El tribunal aclara que, en este ámbito, todas las potestades normativas corresponden al Estado.