GARDA - Condenada por atentar contra la Libertad Sindical

Como cabe esperar, la justicia ha puesto en su lugar a la empresa Garda Servicios de Seguridad SA en Euskadi. Tras casi un lustro de persecución hacia un trabajador subrogado, Delegado Sindical del CISPE y quien fuera Delegado de Prevención.

No han sido pocas las situaciones que ha tenido que soportar nuestro compañero, quien siempre ha defendido los derechos de los trabajadores, siendo una persona íntegra y con valores como nadie. Asistiendo, al margen de la labor sindical que ha venido y sigue desarrollando, a infinidad de procedimientos judiciales como testigo.

Hechos probados

El tribunal ha constatado que la empresa desde la fecha de subrogación de este, 28 de Octubre de 2.014, así como de todos aquellos que fueron subrogados, realizo prácticas abusivas.

  • Dejó de abonar el Plus Compensatorio, el Plus de Disponibilidad, el Descanso Anual Compensatorio, el Plus de Transporte, el Plus Teléfono, Dietas y Kilometraje.
  • La empresa llamó a trabajadores para que no votaran al CISPE sino a USO.
  • Modificación injustificada de la categoría laboral.
  • Difamación y generación de “bulos” contra su persona.
  • Modificación del calendario vacacional.
  • Advertencias mal sonantes por parte de representantes de la empresa.
  • Despido de trabajadores por relacionarse con nuestro delegado.

¿Indefensión y desconocimiento?

La empresa, como era de esperar, alegó que los derechos e injusticias demandadas por nuestro delegado estaban fuera de plazo por perder su condición de delegado y por falta de concreción e indefensión.

En este aspecto, es la propia sentencia quién corrige a la empresa, dado que esta ha tenido conocimiento en todo momento de las vicisitudes desde que nuestro compañero ostenta la condición de Delegado Sindical. Además aclarando que la demanda se interpuso dentro del plazo de un año desde que dejo de serlo.

Sin desperdicio

La sentencia completa no tiene desperdicio alguno, en especial el siguiente extracto literal en su punto tercero.

TERCERO.- Entrando ya en el fondo del asunto, de la valoración conjunta de la prueba practicada se desprende una palmaria conculcación del Derecho de Libertad Sindical del actor desde el mismo momento en que pasó a desempeñar el cargo de Delegado Sindical de CISPE.

Es más, de la prueba practicada se desprende que incluso con carácter previo a dicha elección GARDA ostentaba un claro prejuicio hacía el Sindicato CISPE, tal y como se desprende de las manifiestaciones del Sr. xxx. En efecto, refiere el testigo que la demandada le llamó con antelación a la elección para decírle que no votara a CISPE sino a USO.

A mayor abundamiento, en el momento de su elección el actor había intervenido ya en cinco procedimientos como testigo contra GARDA.

El prejuicio de la empresa no fue sino prolongándose e intensificándose con el tiempo. Así, previamente a la reunión de 16 de Febrero de 2016 el Jefe de Equipo Sr. xxx llamó al trabajador temporal D. Jonathan quien había entrado en la empresa por mediación del actor, para decirle que en la reunión con el Gerente debía omitir dicha circunstancia y atribuírsela a un tercero, no quedándole al operario otra alternativa que plegarse a dichas instrucciones. En dicha reunión se vertieron además expresiones como "CISPE no son buena gente". Así también, en una de las reuniones del Comité de Seguridad e Higiene el Sr. xxx en representación de GARDA le espetó al actor: "tú no sabes quien soy -yo"; mientras al trabajador D. Unai se le hizo saber que no le convenía mantener ninguna relación con CISPE ni con el actor, siendo despedido dos días después de haber comido con el mismo. La animadversión empresarial hacía CISPE y la persona del actor resulta clara y no ofrece lugar a dudas.

A resultas de dicha animadversión, por ejemplo, el demandante ha tenido que acudir reiteradamente a los juzgados de este sede impugando las condiciones salariales tras la subrogación; reclamando la categoría de Coordinar y las diferencias salariales entre el 28 de Octubre de 2014 y el 4 de Septiembre de 2015; impugnando la modificación sustancial de las condiciones de trabajo operada el 7 de Septiembre de 2015 al removerle como Jefe de Equipo; impugnando la modificación sustancial de las condiciones de trabajo operada el 14 de Noviembre de 2016 al adscribirle al servicio B /7 ; y reclamando distintos conceptos salariales entre Noviembre 2014 y Octubre 2016 y obteniendo en apelación la cantidad de 30.074,15 euros. En todas esas ocasiones, salvo en la que diremos más adelante, el actor obtuvo plena satisfacción de sus pretensiones, lo que nos habla de que GARDA ha venido obligándole a sostener una litigiosidad totalmente artificial desde el año 2014 (la categoría de Coordinador/Jefe de Equipo le fue finalmente reconocida por el Social 7; mientras la rebaja practicada por el TSJPV respecto de las cantidades reconocidas por la instancia no resulta relevante para el montante en juego). Asimismo, el actor ha prolongado su estadia en los juzgados de esta sede testificando hasta en cuatro procedimietos contra la empresa en 2015,2016 y 2017.

A mayor abundamiento, obran aceditadas otra amplía gama de circunstancias de las que se desprende una patente animadversión empresarial. En primer lugar, al actor se le asignó un servicio un Durango que no llegó a activarse.

En segundo lugar, el Jefe de Servicios Sr. xxx le mantuvo trabajando en Amorebieta en 2017 cuando podía haber prestado servicios en al menos dos localidades más próximas a su domicilio. En tercer lugar, una protegida se encargó de desmentir el rumor que corría por los mandos de GARDA de que el actor mantenía relaciones sentimentales con ella. En cuarto lugar, la empresa se avino a reconocerle las vacaciones en la segunda quincena de Agosto de 2017 tras haber interpuesto la correspondiente demandada y obrar fijada la vista. Y en quinto lugar, pero por ello no menos importante, el Jefe de Equipo hasta Febrero de 2017 Sr. xxx mantuvo bloqueadas las comunicaciones profesionales con el demandante vía teléfono y wassap….)

Por último, en aras a acotar correctamente el periodo al que se circunscriben las conductas empresariales, es necesario señalar que el 1 de Febrero de 2018 el actor perdió la

En estas condiciones, la conclusión lógica que se impone no ofrece lugar a dudas: En el periodo comprendido entre el 20 de Mayo de 2015 y el 1 de Febrero de 2018 GARDA desplegó un amplísimo repertorio de conductas tendentes a un único y exclusivo fin, a saber, obstaculizar el quehacer sindical del trabajador poniendo una tras otra cuantas trabas fueran necesarias para desacreditarle, aislarle, dificultarle y poner en tela de juicio su desempeño como tal.

Sentencia TS - Eliminación DNI en TIP

Ya en 2013, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional falló a favor de la Agrupación Sindical Profesional de Personal Habilitado de Seguridad Privada (ASP) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) sobre recurso interpuesto contra la Orden del Ministerio del Interior INT/318/2011 que fijaba como número de la Tarjeta de Identidad Profesional el número del Documento Nacional de Identidad del titular.
 
Por lo que gracias al recurso interpuesto, ratificado y sin opción a recurso, este dato deberá ser eliminado de todas las tarjetas expedidas hasta el momento.
 
Nuestro más sincero agradecimiento a ASP y UNT por dignificar aún más nuestra profesión.
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Sentencia - Pluses en vacaciones

Recientemente la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia sobre demanda de conflicto colectivo interpuesta por la organización sindical Confederación Intersindical Galega (CIG), a la que se sumaron UGT, CCOO, USO y ELA. Dicha sentencia anula el artículo 45.2 del convenio colectivo para 2015, obligando a su vez a que se incluyan en la remuneración del periodo vacacional los conceptos fijados en el artículo 66.2. 

Es decir que la retribución de vacaciones, además de deberá de incluir los siguientes conceptos:

  • Peligrosidad
  • Plus escolta
  • Plus de actividad
  • Plus de responsable de equipo de vigilancia, de transporte de fondos o sistemas
  • Plus de trabajo nocturno
  • Plus de Radioscopia Aeroportuaria
  • Plus de Radioscopia básica
  • Plus de Fines de Semana y festivos - Vigilancia
  • Plus de Residencia de Ceuta y Melilla

Adjuntamos sentencia para su descarga:

El Tribunal Constitucional tumba parte de la Ley vasca de Seguridad

El Tribunal Constitucional ha anulado parte del articulado de la Ley vasca de Seguridad Pública al considerar que invade la competencia estatal en esta materia. Uno de los preceptos invalidados hace referencia a la posibilidad de que los municipios pequeños puedan compartir cuerpos policiales para ahorrar presupuesto. En concreto, los jueces han estimado parcialmente el recurso presentado por el Gobierno central contra la normativa y han tumbado dos incisos de sendos artículos, además de establecer cuál debe ser la interpretación de un tercero para que sea conforme a la Constitución.

En una sentencia de la que ha sido ponente Pedro Gómez-Trevijano, el TC ha declarado inconstitucional el apartado que establece que las poblaciones limítrofes que no superen los 20.000 habitantes o no sumen más de 50.000 en conjunto podrán asociarse para la prestación de servicios policiales cuando no dispongan separadamente de recursos suficientes. La resolución explica que esta previsión excede de las competencias autonómicas porque, si bien la comunidad puede autorizar la asociación, sólo al Estado corresponde determinar los requisitos que han de cumplir esos acuerdos de asociación. La sentencia también declara inconstitucional el artículo 50, que atribuye al Gobierno vasco la capacidad de desarrollar los requisitos y condiciones exigibles al ejercicio por personas o empresas de labores de seguridad privada e investigación. El tribunal aclara que, en este ámbito, todas las potestades normativas corresponden al Estado.

A la misma conclusión llega el TC respecto del primer párrafo del artículo 55, que atribuye al Gobierno vasco la ejecución de «la legislación del Estado y de la comunidad autónoma de Euskadi en materia de seguridad privada». El TC anula el inciso ‘y de la comunidad autónoma de Euskadi’ por las mismas razones que en el articulado anterior.

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El Gobierno justifica el indulto a un empresario afín al PP por "la ausencia de peligrosidad criminal"

"No tenía ningún antecedente penal". "Su informe policíal carecía de antecedentes". "Advertida la ausencia de peligrosidad criminal del condenado". Tres argumentos genéricos para un indulto polémico. Así ha justificado el Gobierno en una respuesta parlamentaria por escrito la reciente concesión al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas Miguel Ángel Ramírez Alonso de la medida de gracia que ha permitdo a éste eludir el ingreso en prisión por un delito urbanístico. Ramírez Alonso, que figura en la contabilidad oficial del PP como donante de 50.000 euros al partido en 2011 a través de la empresa Gestiones y Asesoramientos 3000 SL, había sido condenado a tres años y un día de cárcel en 2010 por levantar en un paraje natural protegido de la isla de Gran Canaria un estanque, dos aparcamientos, un camino y varios muros “con total desprecio a la ordenación legal del terreno”, según destaca el fallo. Tras la decisión del departamento de Alberto Ruiz-Gallardón, el industrial vio como su pena se reducía a dos años y eludía así el encarcelamiento. Recientemente la Fiscalía se ha querellado contra él, en esta ocasión por delito fiscal.

La respuesta de Justicia es fruto de la pregunta planteada por el diputado de IU José Luis Centella, quien interpeló al Ejecutivo para conocer las circunstancias de dicho indulto dada la conocida afinidad del empresario y presidente del equipo de fútbol con el partido del Gobierno. En su respuesta, el Ejecutivo recalca que en el caso de Miguel Ángel Ramírez había tenido "en cuenta el historial penal del condenado, el cual no tenía ningún antecedente penal, ni anterior ni posterior, a la causa cuya pena se indulta". Asímismo, recalca que "en su informe policial carecía de antecedentes", además de recordar "la ausencia de peligrosidad criminal de condenado". Tres motivos que considera suficientes para otorgarle la medida de gracia que, recalca es "condicionada". ¿A qué? El equipo de Ruiz-Gallardón insiste en que para beneficarse de ella el empresario debera proceder "a la demolición de las obras ejecutadas ilegalmente". Una premisa, por otra parte, que ya estaba incluida en el propio fallo del tribunal que le condenó.

El TS anula los servicios mínimos de seguridad privada que fijó Interior en la huelga general

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación que presentó la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) contra la sentencia de la Audiencia Nacional sobre los servicios mínimos en la seguridad privada decretados por Interior para la huelga general del 29 de marzo de 2012.

El Supremo ha anulado dicho fallo y ha estimado plenamente el recurso de UGT por la falta de justificación de la esencialidad de los servicios de seguridad privada en hospitales, juzgados y tribunales y dependencias de la Administración Pública y la ausencia de motivación de los porcentajes de servicios mínimos fijados por el Ministerio del Interior.

En concreto, para la huelga general del 29 de marzo, se determinaron unos servicios mínimos de entre el 50% y el 100% para el personal de seguridad privada adscrito a servicios considerados esenciales por el Gobierno, para lo que había tenido en cuenta la "amenaza constante" de atentados terroristas y la insuficiencia de recursos en el ámbito de la seguridad pública.

Así, Interior consideraba servicios esenciales las denominadas "infraestructuras críticas", como el transporte, la energía, la salud, la información y las telecomunicaciones, y la alimentación y las finanzas, y se defendía un nivel básico de actividad en la prestación del servicio de seguridad privada en hospitales, juzgados, tribunales y dependencias de las administraciones públicas.

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SENTENCIA - El DNI no ha de aparecer en el TIP

Dictada sentencia sobre el uso del número del Documento Nacional de Identidad como número de Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), en la que se establece que dicho dato en conjunto con el resto de datos de la tip vulnera La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

Un gran paso para salvaguardar la privacidad de los Agentes de Seguridad Privada, la sala del Tribunal Contencioso Administrativo anula la previsión contenida en el artículo 14.1 del Anexo V en la orden del Ministerio del Interior INT/318/2011, de 1 de Febrero.

La Audiencia Nacional entre otras cosas se ha basado principalmente en el Informe de la Agencia de Protección de Datos que hizo con fecha de 23 de Octubre de 2010 "A).- Se ha de proteger la identidad y los datos personales de los vigilantes de seguridad intervinientes en juicio, evitando la publicidad de estos datos. Deben adoptarse al respecto las pertinentes cautelas y medidas de seguridad. B).- La mención visible del número del DNI de los vigilantes de seguridad debe quedar excluida tanto de la tarjeta como de la placa identificativa de estos profesionales, en cuanto tales elementos constituyen medios de identificación ante los ciudadanos".

(Contra esta sentencia cabe interponer recurso)

El TSJ condena a Justicia a pagar casi 3 millones a una contrata de seguridad

La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ ha condenado a la Conselleria de Justicia a pagar 2.865.606 euros a una de las contratas de vigilancia de los juzgados durante los años 2002 y 2009, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV. La empresa de vigilancia, Grupo Cetsa, reclamaba a la Generalitat 3.237.882 euros. La firma denunció a la Conselleria de Justicia en 2007 porque la Generalitat no le había pagado desde el año 2006.

Grupo Cetsa firmó el contrato con la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas el 30 de septiembre de 2002. El acuerdo fue prorrogado expresamente hasta el 30 de septiembre de 2004 y de forma tácita hasta el 17 de febrero de 2005. El 2 de marzo de 2005 rubricaron otro contrato con vigencia hasta el mes de marzo de 2009.

El director general de Justicia y Menor, según precisa el fallo, admitió una deuda con la empresa por los servicios prestados entre el 31 de diciembre de 2006 y el 31 de marzo de 2009 por un importe total de 2.739.399 euros. La Generalitat abonó en julio de 2009 dos facturas por valor de 133.237, quedando la deuda en 2.472.925 euros.

El fallo de la sentencia especifica que de los 2.865.606 euros que debe desembolsar la Generalitat Valenciana, 2.472.925 euros corresponden a la deuda principal, 377.681 euros son intereses y 15.000 euros de costes de cobro. La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ estima parcialmente la demanda y reconoce la relación contractual que unía a la empresa de vigilancia con la Conselleria de Justicia. Los jueces han tenido en cuenta el contrato firmado y la admisión de la deuda que hizo en el año 2009 el director general de Justicia. El TSJ ha rebajado los intereses que pedía la empresa y los costes de cobro.

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TSJ respalda despido vigilante a la que se escapó paciente ingresado hospital

Irse al aseo y dejar en la habitación del hospital al paciente que había sido ingresado por orden judicial, al que vigilaba, y que se fugó aprovechando la situación es motivo de despido, según la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ).

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, desestima el recurso que esta empleada de la empresa Vigilantes Asociados al Servicio de Banca y Empresas presentó contra la resolución de un Juzgado de lo Social que desestimó su demanda y declaró el despido procedente, por lo que no tenía derecho al cobro de indemnización alguna.
Indica el TSJ que la despedida fue contratada por la empresa desde el año 2006 y que cuando ocurrieron los hechos -el 23 de julio de 2011- se encargaba de vigilar la habitación del hospital "Virgen de la Arrixaca" de Murcia donde estaba ingresado, por mandato judicial, "un enfermo de tuberculosis y con alto riesgo de fuga, por lo que se había ordenado su custodia".
"A los pocos minutos de hacerse cargo del servicio de custodia del enfermo, se ausentó, para ir al aseo, sin dar aviso y sin tener autorización de sus superiores, y durante la ausencia de su puesto de trabajo, el enfermo se dio a la fuga".
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